El pasado 9 de octubre la Asamblea de Extremadura aprobó la creación de la primera universidad privada radicada en la región, impulsada por Global Academic Network. Posteriormente, el 21 de enero, la Junta de Extremadura publicó el anteproyecto de ley del centro promovido por el Grupo Planeta. Se trata de decisiones con implicaciones estructurales que merecen un debate riguroso y transparente, más allá de la inmediatez política. La experiencia de comunidades como Madrid —y la situación de la Universidad Complutense de Madrid, donde me formé— permite dimensionar el alcance real que este tipo de transformaciones puede tener sobre el sistema en su conjunto.
La defensa de la universidad pública es un principio de justicia social y cohesión territorial. La universidad pública actúa como motor de desarrollo regional, especialmente en territorios que necesitan fijar talento, consolidar su capacidad investigadora y ampliar horizontes de oportunidad para su juventud.
Existen, además, cuestiones concretas que afectan directamente al estudiantado extremeño. En titulaciones con alta dependencia de prácticas externas como pueden ser medicina, magisterio, enfermería o psicología, resulta imprescindible preguntarse si existe una planificación suficiente para garantizar plazas formativas adecuadas para todo el alumnado. ¿Puede asegurarse que la incorporación de nuevas instituciones no genere competencia por recursos asistenciales limitados y, en consecuencia, desplace al estudiantado de la universidad pública? Si ese riesgo es plausible, corresponde a las autoridades educativas anticiparlo y establecer salvaguardas normativas claras que garanticen el derecho a una formación completa en condiciones de equidad.
Extremadura necesita más investigación, más transferencia y más oportunidades reales. Necesita consolidar su capacidad científica y aumentar su impacto social y productivo. El debate no debe plantearse en términos dicotómicos entre lo público y lo privado, sino en torno a las condiciones, los estándares y el compromiso territorial que deben regir cualquier proyecto universitario.
El riesgo no es crecer, sino fragmentar y debilitar lo que tanto ha costado construir. Proteger la excelencia académica y reforzar los mecanismos de rendición de cuentas frente a posibles dinámicas de mercantilización del saber no debería entenderse como una posición ideológica, sino como una responsabilidad institucional compartida por cualquier sociedad que considere la educación superior un bien público estratégico.