La intención es clara, proteger a la infancia de los riesgos del entorno digital. Conviene plantear una pregunta inicial: ¿estamos confundiendo protección con prohibición?
El problema de las redes sociales virtuales es cómo se usan, sin pensamiento crítico, sin educación digital y sin acompañamiento adulto. Prohibir el acceso puede retrasar la exposición, pero no enseña a gestionarla, el riesgo no desaparece de repente al cumplir 16 años.
Además, hay un elemento del que se habla poco, el ejemplo que damos los adultos. Los menores aprenden por imitación. Si normalizamos la hiperconexión, la exposición constante, la búsqueda de validación o la falta de límites en nuestro propio uso de las redes, difícilmente podemos exigir comportamientos distintos.
Si los jóvenes llegan a las redes sin competencias digitales y emocionales, la prohibición solo aplaza el problema. El foco debemos centrarlo en los modelos educativos, sociales y de crianza, incorporando de forma estructural la educación digital.
Habrá que esperar a conocer el marco normativo pues surgen ya algunas cuestiones relevantes: ¿qué ocurrirá con los sistemas de chat integrados en plataformas como Roblox? Conviene recordar que la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia (SEMA) y el Comité de Promoción de la Salud de la Asociación Española de Pediatría (CPS-AEP) emitieron el 22 de septiembre del pasado año una alerta sobre los riesgos asociados a estos entornos, entre ellos la incitación a autolesiones, la exposición a contenido sexual y la aparición de cambios conductuales graves. ¿Quedarán también incluidos en esta prohibición?
Será necesario esperar a la redacción final de la legislación, esperando que se ponga el foco en las empresas, que recaiga en ellas todo el peso de la norma y con la esperanza de que esta medida no llegue de forma aislada, sino acompañada de un plan realista, integral y sostenido de educación digital para menores, que vaya más allá de la restricción y apueste por la educación y la prevención.