Una reflexión desde la Educación Social sobre el caso de Noelia Castillo.
Escribo estas líneas como profesora universitaria y también desde la mirada de quien se formó como educadora social. Y esto significa no mirar únicamente el desenlace, sino también las trayectorias vitales, las redes de apoyo, la intervención institucional, el reconocimiento de derechos y los contextos de crianza y sociales que enmarcan las decisiones humanas. Desde esta perspectiva, el caso de Noelia Castillo no solo plantea preguntas sobre la autonomía personal y la eutanasia, también interpela al acompañamiento, a la protección, a la escucha y a la responsabilidad colectiva.
Noelia Castillo, joven barcelonesa de 25 años, solicitó que se le aplicara la eutanasia al padecer una enfermedad crónica, permanente e irreversible. Su petición fue validada por los mecanismos previstos en la legislación española, pero el procedimiento quedó paralizado por una batalla judicial impulsada por su padre, a través de la fundación denominada Abogados Cristianos. Distintas instancias judiciales terminaron avalando su capacidad para decidir y la legalidad del procedimiento seguido, hasta que finalmente recibió la prestación de ayuda para morir. Tras 601 días de espera, falleció el pasado 26 de marzo.
A mi juicio, el caso deja, al menos, cuatro cicatrices sociales que merecen ser analizadas.
La primera es el paternalismo. Noelia Castillo era una mujer mayor de edad y que, pese a ello, son muchos los que se han resistido a reconocerle su condición plena de sujeto libre y capaz de tomar decisiones. Da la impresión de que cuando una decisión nos desconcierta o cuando una voluntad decidida nos duele, la traducimos en incapacidad o la transformamos en error, de tal manera que, cuando una mujer joven afirma con firmeza lo que quiere para sí, enseguida aparece una coral respuesta moralizadora dispuesta a corregirla, siempre por su bien.
La segunda cicatriz tiene que ver con la cobertura mediática. El tratamiento de la noticia necesitó adornar, subrayar o musicalizar, como si el dolor real no bastara y hubiera que traducirlo a un lenguaje televisivo capaz de volverlo consumible. Esa operación, que pretende acercar una historia al público, a menudo consigue lo contrario, la aleja de su verdad y la transforma en mercancía emocional. Cuando el sufrimiento entra en la lógica del espectáculo, deja de ser comprendido y empieza a ser explotado.
La tercera cicatriz es la desinformación. En torno a Noelia Castillo han circulado mentiras y bulos sobre agresiones, sobre su salud mental, sobre el arrepentimiento y los supuestos motivos de su solicitud de eutanasia. No fueron solo errores ni excesos de las redes sociales, fueron intentos de colonizar el caso, de arrancarlo de su complejidad para convertirlo en munición ideológica. Cuando una sociedad discute más cómodamente a partir de falsedades que de hechos, el problema ya no es solo moral, es también cívico y habla de las debilidades de nuestra democracia.
Basta observar algunos ejemplos. Noelia Castillo no era tetrapléjica, sino parapléjica, en una situación que la sentencia de la magistrada Irene Urbón describe como “crónica, permanente e irreversible, sin alternativas terapéuticas a día de hoy”. Del mismo modo, la resolución judicial señala que los trastornos que presentaba “no le afectan a su capacidad de raciocinio y voluntad”, y añade que el trastorno límite de la personalidad “no es una enfermedad, sino la manera de ser de una persona, por lo que no es susceptible de curación”. Resulta especialmente revelador que uno de los bulos más recurrentes en algunos medios haya sido reducir su situación a una supuesta depresión. Esa simplificación no es inocente, demuestra la facilidad con la que se cuestiona la autonomía de las personas vulnerables.
La cuarta cicatriz remite a la dimensión familiar y socioeducativa del caso. Desde esta perspectiva, resulta imposible leer la historia de Noelia Castillo sin detenerse en un dato especialmente significativo, a sus padres se les retiró la custodia cuando ella tenía 13 años y pasó parte de su adolescencia en centros residenciales de protección, entre julio de 2015 y febrero de 2019, saliendo del sistema de protección cuando alcanzó su mayoría de edad. Ese recorrido no autoriza lecturas simplistas ni condenas automáticas sobre el padre o la madre, pero sí obliga a reconocer que detrás de la controversia pública había una biografía atravesada por experiencias de desprotección y por una relación compleja con los vínculos primarios de cuidado. Más que alimentar el juicio fácil, este dato debería llevarnos a pensar en los límites de los entornos familiares, en la fragilidad de ciertas trayectorias de crianza y en la responsabilidad de los sistemas de apoyo cuando esos vínculos se fracturan.
Como docente universitaria, considero que este caso también debería interpelarnos en el terreno pedagógico. Las aulas universitarias pueden y deben ser espacios para trabajar, desde una perspectiva crítica e interdisciplinar, cuestiones como la autonomía personal, la vulnerabilidad social, la ética del cuidado, los límites de la intervención institucional, los modelos de crianza, el tratamiento mediático del dolor y el impacto de la desinformación en la vida democrática. No se trataría de convertir un caso tan doloroso en un simple objeto de estudio, sino de abordarlo con rigor, sensibilidad y responsabilidad formativa mediante análisis de casos, debates éticos, lectura crítica de sentencias y noticias, o espacios de reflexión sobre el papel de las y los profesionales de la educación social, la comunicación, la psicología o el derecho, entre otros. Si la universidad quiere formar profesionales capaces de intervenir en contextos complejos, necesita enseñar también a pensar estos conflictos sin simplificarlos y sin despojar de dignidad a quienes los protagonizan. Tal vez ahí resida una de sus tareas más importantes que tenemos que consiste en formar ciudadanas y ciudadanos capaces de sostener la complejidad con criterio, humanidad y sentido democrático.